Piden a 13 municipios diseñen políticas para garantizar los derechos humanos de su población.

El grupo parlamentario del Partido MORENA formuló un punto de acuerdo para exhortar a los alcaldes y alcaldesas de Apaseo el Alto, Atarjea, Comonfort, Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Salvatierra, San Luis de la Paz, San Miguel de Allende, Santa Catarina, Tierra Blanca, Valle de Santiago, Victoria, Villagrán y Xichú para que diseñen políticas públicas encaminadas a garantizar los derechos humanos de los gobernados, previstos en el artículo 3º, 4º y demás de la Constitución Federal.

De igual manera, a asumir con seriedad su papel y cumplir de manera cabal con sus obligaciones y, en consecuencia, realizar acciones tendientes a combatir la pobreza y marginación que flagela a sus pueblos, destinando para ello mayores partidas presupuestales, evitando realizar gastos superfluos en actividades que en nada cambian la situación de marginación en la que viven los hermanos y hermanas indígenas y demás población.

Al dar lectura a las consideraciones de la propuesta, la diputada Plásida Calzada Velázquez manifestó que los municipios con comunidades indígenas en la entidad son los que cuentan con mayor porcentaje de pobreza.

Mencionó que los tres municipios más pobres con presencia indígenas son Atarjea, Xichú y tierra Blanca. Apuntó que, si bien las causas de la pobreza son diversas, no podía negarse que la reducción de la pobreza y el respeto, promoción y garantía de los derechos humanos van de la mano.

La legisladora indicó que los gobiernos municipales deben enfocar sus esfuerzos en garantizar agua potable, alumbrado público, recolección de basura, panteones bastos, mercados dignos, construcción de calles, parques, jardines, etcétera, que son derechos de los cuales deben gozar la población indígena, no indígena y afromexicana.

“Es menester el que los gobiernos municipales le destinen más presupuesto a acciones tendientes a garantizar los derechos humanos de la población que gobiernan”, enfatizó.

Calzada Velázquez destacó que no existe justificación ética, moral, ni legal para que los municipios de Guanajuato con poblaciones indígenas y afromexicanas, más si están sumidos en la pobreza, no ciñan su actuar en la mejora de condiciones de bienestar para sus habitantes.

Finalmente, precisó que deben destinar mayor presupuesto al cumplimiento de sus obligaciones, consistentes en combatir la pobreza y marginación que flagela a sus pueblos.

El punto de acuerdo fue turnado a las Comisiones de Asuntos Municipales para su estudio y dictamen.