Solicitan universalidad de apoyos económicos para personas con discapacidad.

La diputada Hades Berenice Aguilar Castillo, integrante del grupo parlamentario del Partido MORENA, presentó un punto de acuerdo para exhortar a la titular del Poder Ejecutivo del Estado, Libia Dennise García Muñoz Ledo, para que inicie y realice las acciones de coordinación con el Gobierno Federal, a fin de formalizar los instrumentos jurídicos necesario en materia de colaboración que garanticen la universalidad y los derechos constitucionales de las personas con discapacidad permanente en la entidad, asegurando la asignación de recursos estatales suficientes para su implementación y cumplimiento progresivo.

En su exposición de motivos, la legisladora expresó que las personas con discapacidad enfrentan múltiples barreras sociales, económicas y estructurales que limitan su pleno desarrollo e inclusión en la sociedad, aunado a que la falta de accesibilidad, oportunidades laborales reducidas, discriminación y carencia de apoyos gubernamentales adecuados agravan su situación de vulnerabilidad, que se suman a los costos adicionales derivados de la discapacidad, como atención médica, dispositivos de asistencia y asistencia personal.

La congresista refirió que el gobierno del estado de Guanajuato, en el anterior sexenio, firmó un convenio con la Federación con el objetivo de asegurar la universalidad de la pensión para personas con discapacidad permanente, pero que pese a ello se incumplieron los acuerdos convenidos y hasta la fecha no han destinado recursos para dar cumplimiento a la garantía constitucional de los derechos de las personas con discapacidad.

“De otorgarse por parte del gobierno del estado, la estimación presupuestal representaría un aproximado de 1,920 millones de pesos, considerando la pensión con el monto otorgado por el gobierno federal de 3 mil 200 bimestrales. Lo anterior resulta perfectamente factible, es decir, con solo el 1.5% del presupuesto asignado para el ejercicio 2025 se estaría garantizando el pago de la pensión de las personas con discapacidad”, dijo.

Aguilar Castillo indicó que es fundamental que ejecutivo estatal asuma su responsabilidad en la garantía de derechos de las personas con discapacidad, destinando los recursos necesarios para asegurar la universalidad de la pensión, debido a que la omisión en este rubro constituye una vulneración a los derechos humanos de las personas con discapacidad.

“Garantizar los derechos de las personas con discapacidad es una obligación constitucional y una responsabilidad social ineludible. Asegurar su acceso a la pensión no solo contribuirá a mejorar sus condiciones de vida y reducir la brecha de desigualdad, sino que también promoverá su integración en la sociedad como sujetos de derechos plenos”, finalizó.

El punto de acuerdo fue turnado a la Comisión de Derechos Humanos y Atención de Grupos Vulnerables para su estudio y dictamen.