Proponen que las personas delegadas puedan intervenir en el proceso administrativo

 Con el fin de considerar a las autoridades de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como partes procesales, el grupo parlamentario del Partido MORENA presentó una iniciativa de reforma al Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

La diputada Plásida Calzada Velázquez dio lectura a la exposición de motivos de la propuesta y precisó que de esa forma se les estaría reconociendo la legitimación que les otorga la Constitución Federal, ello para salvaguardar sus derechos.

De igual manera, se refirió a las reformas hechas a la Carta Magna en materia de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, en donde se les reconoció, entre otros, como sujetos de derechos y con personalidad jurídica, por lo que, dijo, el Estado está obligado a garantizarles las condiciones jurídicas y administrativas que les aseguren el ejercicio de ese derecho, en atención al principio de igualdad ante la ley.

La legisladora mencionó que, en los pueblos y comunidades indígenas, por usos, costumbres y tradiciones, ahora llamados sistemas normativos,  las autoridades con quienes los habitantes tratan los asuntos comunitarios, con el fin de que se les dé cauce y así resolver las problemáticas, son con el delegado o delegada de la comunidad, ya que esa autoridad emana de una asamblea a través de ejercicios democráticos; es decir, el delegado o delegada surge a propuesta de los miembros de la comunidad y es votada en asamblea, de esa manera obtiene legitimidad y respeto a su figura.

En ese sentido, mencionó que en Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato no se encuentran contempladas de manera explícita las autoridades de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, por lo que se proponía incluirlos en el proceso administrativo con el carácter de actores, a las autoridades delegadas y delegados de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia para su estudio y dictamen.